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Un contrato excepcional para un problema excepcional

Escribo este artículo en el Día del Trabajo. Con unos 6.200.000 desempleados es casi irónico celebrar este día y lo que necesitamos no son ironías ni más palabras, necesitamos ideas nuevas y el coraje de aplicarlas al unísono. Especialmente, aunque no sólo, para reducir el paro juvenil. Cada nuevo día entre 2.500 y 3.000 personas dejan de tener acceso a un puesto de trabajo. Esta sangría, a su vez, impide cualquier recuperación de la economía por falta de un consumo mínimo. Si esta situación no justifica medidas excepcionales, sencillamente, nada lo hará.

 

Quisiera hacer una propuesta concreta y viable, absolutamente viable. Una propuesta que, estoy persuadido de ello, podría facilitar un empleo-aprendizaje a cientos de miles de jóvenes que hoy sólo pueden oxidarse en sus casas y dolerse de un sistema y un país que les condena a la inacción y a la desesperanza.

 

Las empresas tienen necesidad de jóvenes entusiastas, con ganas de trabajar y formados pero tienen serios problemas de liquidez y de financiación. Los jóvenes necesitan vitalmente empezar a trabajar, iniciarse en un oficio, poner los conocimientos adquiridos en práctica y socializarse laboralmente. En paralelo, nuestro tejido económico se ahoga mes tras mes por la caída de las cifras de consumo y necesita que la gente tenga un mínimo de renta para poder revertirla al mercado. ¿Por qué no crear un contrato excepcional de aprendizaje e inserción profesional para jóvenes que hayan terminado sus estudios de FP o universitarios en los últimos 2 ó 3 años y que aún no tengan experiencia profesional en su especialidad? Sería excepcional porque estaría totalmente libre de costes de Seguridad Social y no tendría ninguna retención de ningún tipo. El salario-beca tendría unos mínimos fijados, por ejemplo , para los de FP podrían fijarse unos 450 € y para los universitarios 550 o 600 € mensuales. Los empresarios estarían obligados a asignar tareas relacionadas con la titulación del joven. La duración sería de un máximo de dos años y, naturalmente, no implicaría indemnización alguna en caso de resolución. Sé que quedan flecos legales por concretar pero hay expertos en ese tema y, además, este no es el lugar para ello. Esta es , sobre todo, una propuesta para la actuación.

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Para la Seguridad Social no supondría ni coste adicional (estos jóvenes ya tienen coberturas sanitarias) ni una gran pérdida de cotizaciones. Hacienda apenas dejaría de percibir I.R.P.F.´s pues muchos de ellos no tienen trabajo y los que lo tienen están en mínimos de renta y por tanto no tributan o tributan muy poco. Por contra estos nuevos profesionales comenzarían a gastar su beca-salario y pagarían los IVA´s correspondientes.

 

Poner en marcha con éxito este contrato excepcional permitiría materializar 4 pequeños “milagros”:

 

El primero, sacar de sus casas y, en parte, del presupuesto de sus padres, cada día a miles de jóvenes, permitirles iniciar su socialización profesional ,disolver sus sentimientos e ideas de minusvalía profesional y personal y poner en su bolsillo una renta mínima (ganada con su esfuerzo, no en forma de subvención).

El segundo, disminuir el número de personas que se están ahogando en esta “generación perdida”.Aminorar el previsible problema sociológico que se nos avecina. Permitir que en 3 o 4 años haya gente joven con una experiencia profesional suficiente como para seguir integrándose en el tejido empresarial en puestos ya de mayor nivel.

El tercero, romper la inercia de la imposibilidad de crear empleo hasta que no se crezca al 3%.

El cuarto, permitir renovar las plantillas de las empresas con gente más joven, formada y entusiasta.

 

Es posible que haya algunas personas de las que viven del ecosistema de este desastre nacional que es el desempleo masivo, que sólo vean las dificultades de poner en marcha una iniciativa así. Pueden argumentar que ya hay modalidades parecidas, como el Contrato para la Formación y el Aprendizaje, el contrato de prácticas o las llamadas Prácticas no Laborales (que en algunas CC.AA. ni siquiera conocen). Sin embargo las que existen son caras y limitadoras ya que fuerzan a pagar según los convenios colectivos ( además de tributar por el I.R.P.F. ) o están limitadas a 9 meses y, en todo caso, requieren cotizar a la Seguridad Social. De hecho,estas modalidades no están aliviando el problema. Posiblemente se podría argumentar que creará ciudadanos de segunda clase o que les da todas las bazas a los empresarios. Nada de eso es relevante: no hay peor segunda clase que la de ser un joven desempleado sin esperanza y, respecto a posibles abusos ( que no serán tantos, la mayoría de los empresarios son gente normal, no delincuentes), recordar que existe la Inspección de Trabajo.

 

Es el momento de aplicar el coraje y la imaginación. No es momento de andar con reparos ni con correcciones políticas. Hacen falta soluciones nuevas y simples que no se vean atrapadas en la maraña normativa ni frenadas por intereses espurios.

Este artículo fue publicado en Cinco Días el 6 de mayo de 2013.

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